El Gobierno presentó hoy miércoles un proyecto de ley de telecomunicaciones, redactado por el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y denominado "Argentina Digital", que otorga un amplio poder al Estado para regular al sector. Aunque desde el oficialismo apuntaron a que el objetivo es "demonopolizar" esos servicios, dirigentes de la oposición plantearon exactamente lo contrario. El debate, al parecer, está en pañales.
La idea del Gobierno es que a través de un mismo cable de red el usuario pueda recibir todos los servicios digitales en su hogar, y elegir, para cada uno, el proveedor que prefiera. Con el proyecto que ingresará en la Cámara alta, la Casa Rosada busca reemplazar la actual ley de telecomunicaciones, que está vigente desde 1972.
Pero no todo es color de rosas. Y buena parte del debate está centrada en el artículo 9 del proyecto, que derogaría una disposición clave de la Ley de Medios y pondría fin a la prohibición del "triple play" que hoy está vigente.
Para comprender la controversia hay que recordar que el artículo 25 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o Ley de Medios, determina las condiciones que deben reunir las personas jurídicas para conseguir una licencia. El quid está en su inciso d), que restringe la adjudicación a cualquier empresa "prestadora de un servicio público nacional, provincial o municipal", lo que en los hechos excluye a las compañías telefónicas.
Sin embargo, el artículo 9 del proyecto que hoy presentaron tres ministros y el secretario de Comunicaciones dispone en su último párrafo que "quedan exceptuados de la aplicación de lo previsto por el inciso d) de la Ley Nº 26.522 los licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley". En otras palabras, les abre la posibilidad a las compañías telefónicas no sólo de ser licenciatarias de emisoras de radio o TV que usan espectro radioeléctrico, sino también de brindar televisión a través de sus redes y sumar esa prestación a la telefonía fija, móvil y al servicio de datos por internet.
Uno de los directores por la oposición de la Afsca, Gerardo Milman, manifestó "El artículo 9 habilita que Telefónica sea propietaria de Telefé, porque modifica la Ley de Medios y cambia las condiciones", argumentó. Y criticó la Afsca al afirmar que "el proceso de adecuación de Telefónica, hoy dueña de Telefé, estaba cajoneado a la espera de esta modificación legislativa".
Mucho más dura fue la presidente de la Fundación LED, Silvana Giudici, quien evaluó que "hoy se cumple un año del fallo de la Corte por la Ley de Medios y en vez de aplicar la ley, la derogan".
"Se les cayó la careta. No tienen vergüenza. Mintieron durante 5 años. Todo era para beneficiar a las telefónicas", protestó. "¿Qué van a decir ahora de los monopolios? La Ley de Medios era una burda excusa para beneficiar a los más grandes. Fueron cinco años de pura mentira. Hicieron todo para beneficiar a las telefónicas y empresarios amigos", insistió.
El rol estatal
Otro aspecto muy controvertido del proyecto son los poderes que asumirá el Estado, que, en palabras de Aguiar, "son demasiado amplios y sin frenos para definir las cosas".
De movida, fijará el precio para usar la infraestructura para llevar a los domicilios los servicios digitales. Las redes, vale hacer la aclaración, seguirán siendo privadas, aunque su acceso será público. Pero la ley va más lejos cuando le concede a la autoridad de aplicación –que será designada por la Presidencia– el derecho a fijar las tarifas de los servicios "por razones de interés público". Aunque aclara que en principio lo harán las licenciatarias, da lugar para la discrecionalidad.
Además, para ceder o transferir una licencia, habrá que pedir permiso a la autoridad de aplicación. El organismo también podrá declarar la caducidad de las licencias frente a distintas situaciones que menciona la ley, como la "falta de prestación conforme la normativa vigente".
Más adelante la norma plantea nuevas facultades de la autoridad de aplicación que darán letras del debate. Con respecto a las autorizaciones y permisos de uso de las frecuencias del espacio radioeléctrico, indica que la autoridad de aplicación podrá "sustituirlos, modificarlos o cancelarlos sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna".
Lo mismo sucederá con la migración de bandas, que el Estado tendrá derecho a requerir cuando así lo considere necesario. Incluso podrá asignar frecuencias en forma directa a organismos nacionales o entidades con participación estatal. También habrá que pedir permiso para prestar un servicio satelital.
En cambio, otros aspectos de la norma tienen más consenso, como el artículo 5, que establece la inviolabilidad de las comunicaciones, aunque dicen los juristas que ya está consagrada en la Constitución.
Además, la nueva ley pone fin al servicio de "larga distancia". De esta forma, costará lo mismo llamar desde Buenos Aires a Córdoba, a Mendoza o a Misiones.
Por último, la reglamentación de la ley deberá establecer una velocidad mínima de transmisión de datos, con lo que se busca un mínimo de calidad a la hora de brindar un servicio. También se creará un fondo especial con el aporte de los licenciatarios para conectar las regiones en las que las empresas no quieran invertir.
El flamante proyecto del Gobierno establece un plazo de dos años para la adecuación de los actuales licenciatarios a la nueva ley. Es probable que su contenido se judicialice y llegue a la Corte Suprema. Pero antes habrá un debate legislativo que se anticipa arduo, como ocurrió con la Ley de Medios, que ahora podría ser parcialmente derogada.
La idea del Gobierno es que a través de un mismo cable de red el usuario pueda recibir todos los servicios digitales en su hogar, y elegir, para cada uno, el proveedor que prefiera. Con el proyecto que ingresará en la Cámara alta, la Casa Rosada busca reemplazar la actual ley de telecomunicaciones, que está vigente desde 1972.
Pero no todo es color de rosas. Y buena parte del debate está centrada en el artículo 9 del proyecto, que derogaría una disposición clave de la Ley de Medios y pondría fin a la prohibición del "triple play" que hoy está vigente.
Para comprender la controversia hay que recordar que el artículo 25 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, o Ley de Medios, determina las condiciones que deben reunir las personas jurídicas para conseguir una licencia. El quid está en su inciso d), que restringe la adjudicación a cualquier empresa "prestadora de un servicio público nacional, provincial o municipal", lo que en los hechos excluye a las compañías telefónicas.
Sin embargo, el artículo 9 del proyecto que hoy presentaron tres ministros y el secretario de Comunicaciones dispone en su último párrafo que "quedan exceptuados de la aplicación de lo previsto por el inciso d) de la Ley Nº 26.522 los licenciatarios de servicios públicos relacionados con el ámbito de aplicación de la presente ley". En otras palabras, les abre la posibilidad a las compañías telefónicas no sólo de ser licenciatarias de emisoras de radio o TV que usan espectro radioeléctrico, sino también de brindar televisión a través de sus redes y sumar esa prestación a la telefonía fija, móvil y al servicio de datos por internet.
Uno de los directores por la oposición de la Afsca, Gerardo Milman, manifestó "El artículo 9 habilita que Telefónica sea propietaria de Telefé, porque modifica la Ley de Medios y cambia las condiciones", argumentó. Y criticó la Afsca al afirmar que "el proceso de adecuación de Telefónica, hoy dueña de Telefé, estaba cajoneado a la espera de esta modificación legislativa".
Mucho más dura fue la presidente de la Fundación LED, Silvana Giudici, quien evaluó que "hoy se cumple un año del fallo de la Corte por la Ley de Medios y en vez de aplicar la ley, la derogan".
"Se les cayó la careta. No tienen vergüenza. Mintieron durante 5 años. Todo era para beneficiar a las telefónicas", protestó. "¿Qué van a decir ahora de los monopolios? La Ley de Medios era una burda excusa para beneficiar a los más grandes. Fueron cinco años de pura mentira. Hicieron todo para beneficiar a las telefónicas y empresarios amigos", insistió.
El rol estatal
Otro aspecto muy controvertido del proyecto son los poderes que asumirá el Estado, que, en palabras de Aguiar, "son demasiado amplios y sin frenos para definir las cosas".
De movida, fijará el precio para usar la infraestructura para llevar a los domicilios los servicios digitales. Las redes, vale hacer la aclaración, seguirán siendo privadas, aunque su acceso será público. Pero la ley va más lejos cuando le concede a la autoridad de aplicación –que será designada por la Presidencia– el derecho a fijar las tarifas de los servicios "por razones de interés público". Aunque aclara que en principio lo harán las licenciatarias, da lugar para la discrecionalidad.
Además, para ceder o transferir una licencia, habrá que pedir permiso a la autoridad de aplicación. El organismo también podrá declarar la caducidad de las licencias frente a distintas situaciones que menciona la ley, como la "falta de prestación conforme la normativa vigente".
Más adelante la norma plantea nuevas facultades de la autoridad de aplicación que darán letras del debate. Con respecto a las autorizaciones y permisos de uso de las frecuencias del espacio radioeléctrico, indica que la autoridad de aplicación podrá "sustituirlos, modificarlos o cancelarlos sin que ello dé lugar a derecho a indemnización alguna".
Lo mismo sucederá con la migración de bandas, que el Estado tendrá derecho a requerir cuando así lo considere necesario. Incluso podrá asignar frecuencias en forma directa a organismos nacionales o entidades con participación estatal. También habrá que pedir permiso para prestar un servicio satelital.
En cambio, otros aspectos de la norma tienen más consenso, como el artículo 5, que establece la inviolabilidad de las comunicaciones, aunque dicen los juristas que ya está consagrada en la Constitución.
Además, la nueva ley pone fin al servicio de "larga distancia". De esta forma, costará lo mismo llamar desde Buenos Aires a Córdoba, a Mendoza o a Misiones.
Por último, la reglamentación de la ley deberá establecer una velocidad mínima de transmisión de datos, con lo que se busca un mínimo de calidad a la hora de brindar un servicio. También se creará un fondo especial con el aporte de los licenciatarios para conectar las regiones en las que las empresas no quieran invertir.
El flamante proyecto del Gobierno establece un plazo de dos años para la adecuación de los actuales licenciatarios a la nueva ley. Es probable que su contenido se judicialice y llegue a la Corte Suprema. Pero antes habrá un debate legislativo que se anticipa arduo, como ocurrió con la Ley de Medios, que ahora podría ser parcialmente derogada.
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